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11/8/2017.
Las aguas bajan turbias
MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN
EL PAÍS, 14 / 1 / 1989
¿Están contaminadas de radioactividad las aguas del minitrasvase del Ebro o no están contaminadas? Los responsables oficiales de la marcha del proyecto dicen que no, que se trata de una contaminación tan menor que eso no es contaminación ni es nada. No es del mismo parecer el señor Joan Moll, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la universidad de Madrid, Diplomado en Hidrología por la análoga de Barcelona, en Economía y Empresas por el IESE, y en Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, redactor de Estudios y Proyectos para el abastecimiento de aguas de Tarragona por encargo de la Comisión gestora del Consorcio de Aguas de la citada provincia. El ingeniero Moll, natural de Barcelona, ha vivido un calvario profesionaì y humano desde el día en que decidió denunciar al mismo Consorcio que le había contratado porque pretendía utilizar las aguas de refrigeración de los circuitos nucleares de los dos grupos de Ascó para uso humano e industrial de Tarragona y es posible que también de Barcelona.
Contratado especialmente para ilustrar y diseñar el proyecto del minitrasvase, en cuanto se puso crítico dejó de ser un técnico deseado para convertirse en un técnico expedientado e imposible de contratar. Imposible porque todas sus solicitudes de trabajo han topado coo intereses corporativos derivados de su denuncia original y de su ya larga lucha para que se le haga justicia, Moll ha recurrido a todo el escalafón judicial, a todos los Tribunales Supremos habidos, y su historia reivindicativa es la de una confabulación aparente de poderes para no hacerle caso, minimizar su denuncia y no meter cucharón en las aguas turbias del minitrasvase. ¿Por qué? Según Moll, hay muchos intereses profesionales e industriales implicados y obran en su poder copias de cartas que reflejan ese juego de intereses, no ya para invalidar su denuncia-pecado original, sino para impedirle incluso encontrar trabajo en cualquier sitio. En cuanto Moll llamaba a la puerta de una empresa llegaban las cartas del colega advirtiendo sobre la indisciplina corporativa de un ingeniero que se había atrevido a poner en duda la competencia o escrupulosidad de otros ingenieros y del poder político-administrativo que los respalda. Es cierto que desde erotro bando, Moll es descrito cómo un técnico meticuloso, empecinado y maniático que ha hinchado su propio caso hasta convertirlo en una obsesión. El propio Moll cita la referencia del caso Dreyfus y va buscando su Zola como Diégenes buscaba a un hombre, sólo a un hombre. Y como Dreyfus, Moll se expone a ser juzgado y condenado por razones corporativo-políticas y a ser sepultado por el olvido debido a que este tipo de luchadores son incómodos en sociedades cuya conciencia social se escinde entre dos primos hermanos: el pragmatismo y el cinismo.
El señor Moll no sólo pelea por su caso, sino por el derecho a la discrepancia crítica de técnicos y funcionarios cuya actuación repercute en la sociedad. Ahora ha conseguido ganar unas oposiciones al Ayuntamiento después de pasar angustias de todo tipo y hasta allí ha llegado su expediente de hombre crítico y sobre su cogote se ciernen los ojos más vigilantes. Moll litiga contra la denuncia-pecado original y contra la Ley de la Función Pública que propugna la Generalitat, una ley tenebrosa y ordenancista que condena a las penas del infierno a todo funcionario que haya tenido un pecado original.
Funcionarios fuera de juego
Todo optante al funcionariado, según esa ley, debe declarar "... no haber sido inhabilitado por sentencia firme por el ejercicio de las funciones públicas ni haber estado separado de servicio de ninguna administración pública mediante expediente disciplinario". Parece una ley hecha a la medida de gentes como el ingeniero Moll y él la llama descaradamente fascista, porque interpretada al pie de la letra deja fuera de juego incluso a los funcionarios expedientados por el franquismo. Precisamente el fallo de la Audiencia Territorial de Barcelona sobre el caso Moll tiñe de inconstitucionalidad una ley metafísicamente represiva, casi paralizadora de la funesta manía de pensar. Entre 1985 y la actualidad, el empecinado técnico ha presentado 150 recursos contenciosos, una denuncia por prevaricación contra el instructor de su expediente y otra de delito ecológico del minitrasvase.
Vamos a ponernos pragmáticos, sin llegar, eso nunca, al cinismo, y vamos a suponer que el señor Moll es un obseso y un pesado que se alimenta de las injusticias que sufre y vive a sus anchas en los pasillos kafkianos de los sótanos de E1 Castillo. Pero retengan esa denuncia por delito ecológico, ese pecado-denuncia original y adviertan que no es una broma, que se refiere a aguas de uso público, utilizadas en una provincia que entre nucleares y petroquímicas es una auténtica
bomba potencial. Y retengan igualmente que las señales de alarma de todo tipo de contaminaciones no las controla el público, sino técnicos, no todos tan escrupulosos como los
Moll de la Tierra, técnicos que pueden preferir no crearse problemas.
El caso afecta a la salud pública y el señor Moll ha insistido demasiado como para que se convierta en una gacetilla a situar en cualquier página par, en el ángulo inferior de la derecha. Es uo asunto lo suficientemente grave como para que la atención pública se detenga ante él y busque la verdad y nada más que la verdad. Para empezar, si hay o no hay delito ecológico, y para continuar, si es cierto que a fines del segundo milenio un técnico escrupuloso, en un país democrático, puede ver su vida convertida en una novela de Kafka escasísimamente abstracta. Los personajes de Kafka vivían del aire. El señor Moli para sobrevivir y reivindicar ha tenido
que vivir de parientes, amigos y conocidos. Y es que a Kafka le pones un aparato digestivo y le haces pagar el alquiler todos los meses y lo haces mucho más kafkiano.