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Según un estudio publicado por el diario EL PAÍS un año después de las elecciones, el PCE se gasta 150 millones de pesetas en la campaña electoral, y recupera sucesivamente, gracias a la subvención estatal por los resultados obtenidos, 44 millones. Quien financia con créditos es la banca, como sucede con los demás partidos, y concretamente el Banco de Bilbao, presidido por José Ángel Sánchez Asiaín: esta noticia filtra a través de Europa Press y provoca tensiones en el consejo de administración del banco, cinco de cuyas sucursales sufren atentados con bomba simultáneamente en la noche del 18 de mayo de 1977, según recuerda Augusto Delkáder en su artículo de Memoria de la transición.
A la izquierda del PCE se sitúa un mosaico de fuerzas (PTE, ORT, LCR, MC) que intenta absorber el voto de quienes no aprecian el sentido de moderación que reina en el PCE y en Comisiones Obreras, el sindicato comunista, cuyo secretario general no apoya la huelga general organizada para el 16 de mayo de 1977 en Euskadi porque «en el momento actual, cuando las libertades son todavía frágiles, creemos que el objetivo fundamental de la clase obrera es consolidar y desarrollar las libertades. Toda actuación que venga a desestabilizar es contraria a la clase obrera.»
Las fuerzas de extrema izquierda se quedarán sin representación en las nuevas Cortes.
Más información sobre el PCE en el capítulo sobre la legalización de los partidos.